Desde el Foro del Derecho del Trabajo cuestionaron que esa sea la prioridad con la que se inicia el debate de los cambios en las normativas de empleo. Piden convocar a académicos especializados.
Las reformas laborales tienen hasta aquí como eje central, y aún cuando resta conocerse el detalle de “la letra chica”, tal como ocurre en casi todos los anuncios lanzados ayer por el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner, el reducir los costos del empleo. Es el trasfondo de las modificaciones en la Ley de Riesgos de Trabajo y, al parecer, también de la reforma laboral que comenzará a debatirse a partir de ahora. Eso es lo que afirman los integrantes del Foro del Derecho del Trabajo que esta semana tendrá a estas dos iniciativas en debate el próximo viernes y sábado en un encuentro que se realizará en la sede de Luz y Fuerza con presencia de académicos y especialistas en Derecho Laboral.
“Me pregunto si estamos cambiando futuro por pasado. Si bien los anuncios realizados por el presidente Mauricio Macri, en relación con la reforma laboral dejan más dudas que certezas, y al momento no se sabe con exactitud el alcance de dichas medidas ni de qué manera se van a instrumentar las mismas, en definitiva no se conoce ‘la letra chica’, pero sí sabemos que la reforma versará sobre un eje central, que es el de la reducción de los costos laborales”, explicó ayer Cristina Azocar, presidenta del Foro.
La abogada laboralista, que ayer encabezó el lanzamiento de las jornadas que contarán con las presencias de los especialistas Mario Ackerman, Jorge Elías y Eugenio Sigifredo, remarcó: “No dejamos de descoser la necesidad de una profunda reforma laboral, máxime si tenemos presente las realizadas por nuestros países vecinos”, indicó, al tiempo que alertó: “Ahora bien, ¿pueden ser los cambios realizados en nuestro país idénticos o similares a las reformas realizadas en Brasil o Chile?, la respuesta es no. Simplemente porque se trata de realidades diferentes, de poderes sindicales diferentes, y de derechos consagrados y consolidados de manera diferente”, enfatizó Azocar.
La abogada sugirió que, tal como se prometió, “el gobierno nacional debería instrumentar los mecanismos de diálogo sinceros y profundos en los que estén representados y escuchados atentamente todos los sectores, pero además sería oportuno en el contexto de las inconstitucionalidades que se suscitan permanentemente ante los cambios laborales, que las medidas a implementarse sean consultadas con expertos en la materia laboral, los cuales sobran y de renombre en nuestro país”, indicó.
Eso, de acuerdo a lo que explicó la titular del Foro, “evitaría la posterior tacha de inconstitucionalidad ante la eventual vulneración de derechos laborales que es lo que en definitiva se viene haciendo con cada cambio y modificación realizada. Veamos por ejemplo la última reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo. Allí sobran los motivos para atacar su constitucionalidad, pero además pasado ya un tiempo de su implementación la reforma no logró su objetivo de bajar el índice de litigiosidad, ya que el litigio surge cuando hay conflicto y vulneración de derechos y la nueva ley de riesgos lleva la delantera en lo que respecta al aumento de litigiosidad, simplemente porque nada cambia en esencia”.
Con respecto al reconocimiento de Macri a la decisión de la provincia de Córdoba de adherir a la normativa nacional de riesgos del trabajo, Azocar indicó que “el Presidente ha pedido a las provincias la adhesión, lo que a la fecha sólo ha hecho Córdoba, y se debate con media sanción en Mendoza y provincia de Buenos Aires. Esa falta de adhesión lleva implícito el mensaje”, interpretó la titular del Foro.
A partir de allí, desde esa entidad se sugiere que “luego de haberse intentado terminar con lo que dio a llamar “la industria del juicio” sin resultado positivo, ahora se apunta a “los costos laborales”, enfocada la reforma laboral principalmente a cuestiones relacionadas con la contratación laboral y con la negociación colectiva.
Y agregaron: “Respecto a las cuestiones individuales del Derecho del Trabajo, lo que se anunció de manera genérica –y sin mayores detalles– es que, para evitarles cargas excesivas a los empleadores, se permitirá realizar contratos de trabajo en los que las partes aparecen en pie de igualdad, contra el principio del ‘in dubio pro operario’ permitiéndose fijar condiciones basadas en un supuesto acuerdo, olvidándose que el trabajador consentirá, presionado por su necesidad de conseguir trabajo, aún cuando las condiciones impuestas no sean las más adecuadas”, concluyó Azocar.
Fuente: Diario Puntal.
Fecha: 31 de Octubre de 2017.