La urgencia e inmediatez por parte del Poder Ejecutivo en el avance del Proyecto de Reforma Laboral expresado sin disimulo, una vez más y en este último caso mediante el mensaje de elevación al Congreso de la Nación –MEN– 2017-130. APN.PTE remitido el último sábado, expone a las claras un idéntico mecanismo ya implementado para otros cambios normativos que no han logrado el objetivo anunciado, como lo fue la modificación del Sistema de Ley de Riesgos del Trabajo.
Mas allá del reproche que merecen las contradicciones entre los anuncios de “llamados al diálogo”, “invitación a todos los sectores” y la velocidad y “negociaciones” con las que avanza el proceso de cambio (que demuestran que ello no existe o bien son puestas en escena), lo cierto es que nos encontramos ya en la recta final de la entronización de una nueva modificación legislativa que nos lleva inevitablemente a un retroceso y a un próximo resultado “cero” que se avizora, lamentablemente, en un futuro no muy lejano.
LA ESENCIA DE LAS MODIFICACIONES ACARREA CONSECUENCIAS IMPENSADAS DE GRAVÍSIMO EFECTO NO SÓLO PARA LOS TRABAJADORES QUE VEN VAPULEADOS COMO NUNCA ANTES SUS DERECHOS, SINO TAMBIÉN PARA LOS EMPLEADORES QUE QUEDARÁN ATRAPADOS EN UN MARCO DE MAYOR LITIGIOSIDAD Y DE INSEGURIDAD JURÍDICA
Ello resulta evidente, prima facie, del análisis comparativo de los objetivos pretendidos con la reforma que surgen del Título Preliminar del proyecto (art. 1), con el texto normativo de los 145 artículos implementados en consecuencia y con el deteriorado nivel de institucionalidad laboral del país, el cual no pude obviarse a la hora de poner en marcha cambios profundos en la materia, en tanto afectan significativa y peyorativamente el esquema tutelar del derecho del trabajo argentino (Ley 20.744, leyes laborales protectorias de los derechos del trabajador y promotoras de la regularización del empleo –Ley 24.013– Capítulo I del Título II , del desaliento a la irregularidad registral –Ley 25323 art. 1 y preventiva de la evasión fiscal– Ley 25345).
Estos objetivos llevan implícito a los fines de su cumplimiento la adopción de un conjunto de medidas a implementarse en materia de regularización de empleo no registrado, lucha contra la evasión en la Seguridad Social, registración laboral, modificaciones al marco de las relaciones de trabajo, capacitación laboral continua, transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, fomento del empleo juvenil y entrenamiento laboral; Red federal de servicio de empleo y seguro de desempleo ampliado y evaluación de tecnología de salud para lo cual se describe un breve diagnóstico con el que se intenta justificar la reforma.
Ahora bien, no sólo del análisis exhaustivo de la normativa que se pretende aplicar, sino también del espíritu que ilumina los “cambios” y por sobre todo del punto de partida de los mismos, surge evidente que la reforma produce un importante retroceso en materia de derechos sociales derivados del trabajo en este país y que lejos se encuentra de garantizar los principios de desarrollo humano y progreso económico con justicia social, consagrados en el artículo 75, inc. 19 de la C.N. y que el proyecto de ley intenta instrumentar.
En efecto, la esencia de las modificaciones acarrea consecuencias impensadas de gravísimo efecto no sólo para los trabajadores que ven vapuleados como nunca antes sus derechos sino también para los empleadores que deberán someterse inevitablemente en un marco de mayor litigiosidad y de inseguridad jurídica, por lo que, una vez más volveremos a quedar atrapados en ese círculo vicioso del que no podemos salir.
LA FALTA DE UN CONSENSO BÁSICO Y DE UN ACUERDO AMPLIO QUE PROCURE EN PRIMER TÉRMINO AFIANZAR LA INSTITUCIONALIDAD LABORAL COMO UN VALOR BÁSICO E INCUESTIONABLE EXHIBE EL TRIUNFO O LA IMPOSICIÓN DE LOS INTERESES DE UN SECTOR ( PATRONAL) A COSTA DE (EL OTRO) LOS TRABAJADORES
El resultado de la premura indicada en nuestras palabras iniciales, la falta de un consenso básico y de un acuerdo amplio que procure en primer término afianzar la institucionalidad laboral como un valor básico e incuestionable, exhibe el triunfo o la imposición de los intereses de un sector (patronal) a costa de (el otro) los trabajadores, pues en definitiva es este el sector que debe sobrellevar la mayor carga de los efectos de la modificación legislativa, sin que se haya previsto mecanismos adecuados de contención o en su caso, los que han sido tenido en cuenta, son objetivos –con suerte– de mediano plazo, sujetos a la condición (totalmente aleatoria) de una exhaustiva e implacable actividad de control por partes del Estado que no se agota exclusivamente en la faz recaudatoria.
Así, el problema fundamental que se presenta desde el inicio, es el punto de partida lo cual nos lleva inevitablemente a un resultado de lo que se revela claramente como un juego de suma cero, que como se sabe lleva al perjuicio de un sector a costa del otro, tensiones que se resuelven –como también es sabido– con mayor conflictividad social y judicial.