La puesta en vigencia de los cambios en la normativa de accidentes laborales, con el funcionamiento de las comisiones médicas, reavivó la polémica. El especialista Mario Ackerman critica las modificaciones.
Pocas horas después de que en Córdoba entraron en vigencia las modificaciones a la Ley de Riesgos de Trabajo, por la adhesión de la Unicameral a la normativa nacional, uno de los mayores especialistas de esa materia en la Argentina, Mario Ackerman, cuestionó no sólo el nuevo rumbo tomado, sino que fue más a fondo y aseguró que hace falta un borrón y cuenta nueva que incluya una revisión integral de la normativa original que se dictó a mediados de la década del ‘90.
“El sistema diseñado por la ley nacional es malo y merece todo tipo de críticas. Pero lo que hizo la provincia de Córdoba es atenuar los aspectos negativos, pero apenas atenuarlos. No es que los corrigió definitivamente porque hablamos de una normativa federal que le da un marco poco modificable. Cuando se ponga en marcha plenamente y comiencen a funcionar todas las comisiones que dicen que se van a crear, y si funciona ese procedimiento, será menos malo que lo nacional”, afirmó el director de la Carrera de Especialización de Posgrado en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Desde la semana pasada, en Córdoba empezaron a regir parcialmente las modificaciones que obligan a los trabajadores accidentados a pasar por una comisión médica evaluadora que tendrá sede en cada una de las cabeceras judiciales de la provincia. De todos modos, en el arranque, no todas fueron cubiertas: apenas Córdoba, Río Cuarto y Villa María cuentan ya con esa nueva instancia evaluadora de los accidentes laborales.
“Desde que se sancionó la Ley de Riesgo de Trabajo en 1995 y entró en vigencia un año más tarde, se insiste en la idea de evitar la Justicia del Trabajo o, ahora, anteponer un procedimiento administrativo ante un organismo de la Nación integrado por médicos. Como si acceder a la Justicia fuera una mala palabra o algo negativo”, criticó Ackerman, en diálogo con este diario.
Y agregó: “Creo que nace de un capricho, un absurdo capricho de la ley de 1996, pero sostenido por todas las reformas posteriores, de vincular esto o asociarlo a la seguridad social, y entonces se diseña un trámite administrativo. Pero esto no es seguridad social; es un sistema de responsabilidad del empleador con un seguro obligatorio. No hay diferencia fundamental como concepto con el seguro de responsabilidad civil del auto. Es un tema laboral, y el matiz es que está en juego la salud de las personas o la reparación del daño a las personas”, destacó.
-Llegado a este punto, ¿qué camino habría que tomar?
-Lo más inteligente y lo más razonable sería eliminar las comisiones médicas; que se dejen de embromar con esta historia. Esto es un sistema de responsabilidad individual del empleador con un seguro obligatorio. La aseguradora reemplaza al empleador, pero esto no hace que deje de ser un crédito laboral que tiene la particularidad de estar condicionado en su monto por la incapacidad del trabajador o la muerte.
-¿Y entonces?
-Para ponerle un poco de racionalidad a esto, le daría el mismo tratamiento que todos los créditos laborales. Esto significa que si el trabajador tiene un accidente va a la aseguradora y allí le definen el porcentaje de incapacidad, que va a implicar el pago de equis suma de dinero. El trabajador lo acepta y cobra. Y alguno puede pensar pero fue sin su abogado y cobró, qué riesgo. Pero no, porque la Ley de Contrato de Trabajo dice claramente que cualquier suma que cobre el trabajador, aunque lo haga sin reserva, es un pago a cuenta. Siempre podría revisar lo que se le pagó. ¿Y cómo podría hacer la ART para cubrirse, porque paga, para que después no le venga el reclamo? Lo mismo que hace cualquier empleador cuando paga una indemnización; va al Ministerio de Trabajo y homologa el acuerdo, o va a la Justicia y lo homologa; algo que también prevé la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 15. ¿Qué matiz tiene en este caso? Al homologar el acuerdo habrá que revisar al trabajador. Entonces el Ministerio de Trabajo de cada provincia tendrá que tener un cuerpo médico propio, sin necesidad de que intervenga la Nación, para que convalide o no lo que dijo la ART. Porque además la ley establece que se homologa si hay una justa composición de los intereses de las partes. Si en lugar de hacer todo este lío monumental de las comisiones médicas, dejamos que cada provincia haga lo que tiene que hacer, que cada una controle los pagos, eliminamos esta cosa absurda y artificial de las comisiones médicas que además suponen un gasto monumental. Si usted le agrega, que no es un tema menor, que los médicos de esas comisiones médicas no tienen estabilidad en el empleo, suma un disparate adicional. Lo que armaron desde la Ley de Riesgo de Trabajo es un tribunal administrativo integrado por médicos que, aunque los seleccionen por concurso, no tiene estabilidad en el empleo. Esto me parece poco razonable. Pero lo más civilizado y lo más razonable y compatible con nuestro sistema jurídico y la autonomía de las provincias es eliminar las comisiones médicas, que el crédito se trate como cualquier crédito laboral y que para homologarlo, ya sea administrativa o judicialmente, cada provincia decida cómo controla que la incapacidad que fijó la ART es correcta o no.
-¿Por qué cree que se tomó este otro camino complejo?
-Bueno, está vigente y funciona como funciona. Y se han cansado de cuestionarlo judicialmente. Se armó esto porque los energúmenos que hicieron la ley en 1995 desconfiaban de la Justicia del Trabajo y entonces decían “comisión médica, Justicia Federal”. La Corte declaró inconstitucional la Justicia Federal y ahora para terminar con estos cuestionamientos en lugar de ir a la Justicia Federal decidieron cambiar a la Justicia del Trabajo. El tema es que ideológicamente y conceptualmente la reforma de este año no es distinta de la de 1996, como tampoco lo era la de 2012. En esto hay una línea ideológica coherente, que es desconfianza hacia la Justicia del Trabajo y la administración del Trabajo provincial. En lo profundo es eso. Pero se podría simplificar todo, sería mucho más fácil, y bajaría los costos para todos. Porque de algún lado está saliendo la plata para mantener toda esta estructura administrativa en todo el país.
-Desde el plano político se impulsó esto pensando en combatir las mafias de los juicios laborales, ¿existen esas mafias?
-Es otro disparate. Es una ofensa gratuita a los abogados. Si uno hace una ley que está mal redactada, que pisotea la Constitución, si la Superintendencia de Riesgos del Trabajo publican resoluciones pretendiendo reglamentar una ley, violando los límites de sus facultades, lo que estamos provocando es que vayamos a Tribunales para que los jueces pongan orden. El gran problema que tiene el sistema de riesgo de trabajo, más allá de alguna eficacia, es que se lleva mal con la ley y con la Constitución. Y eso en un Estado de derecho democrático es inaceptable y peligrosísimo para la subsistencia del sistema. Si tenemos alta litigiosidad no es porque los abogados estén enfermos de pleitomanía, es porque la ley está mal hecha y la ley ha pisoteado a la Constitución. O de una manera más simpática, la industria del juicio no existe; lo que existe es una ley que es una porquería y contradice la Constitución e inevitablemente termina en Tribunales, como debe ser.
-¿Entonces hay que ir a un borrón y cuenta nueva?
-Si alguien quiere arreglar esto en serio hay que llamar a cinco técnicos de calidad, independientes, profesores universitarios, que los tenemos, porque hay quienes saben de esto en serio, y pedirles que pongan orden jurídico en este sistema. Que hagan un diagnóstico para saber por qué tenemos esta litigiosidad, que hagan un ordenamiento normativo para saber qué es lo que está vigente y qué no; y cómo se corrige el sistema para que sea compatible con la Constitución.
Visita a la ciudad
Mario Ackerman estará el 3 y 4 de noviembre en Río Cuarto para participar de las II Jornadas de Actualización, Presente y Futuro del Derecho del Trabajo, organizadas por el Foro de Derecho del Trabajo, en las que se analizará la Ley de Riesgos del Trabajo, la adhesión de Córdoba, el impacto y sus implicancias; y también la reforma laboral que impulsaría el gobierno nacional después de octubre.
Fuente: Diario Puntal.
Fecha: 17 de Septiembre de 2017.