Cristina Azocar: «Hay una precariedad laboral grave y no se ven políticas de Estado suficientes»

-¿Cuáles son los cambios más importantes que se han presentado en materia laboral?

-Muchos han sido los cambios implementados últimamente en materia laboral. Todo lo que se relacione con cuestiones del trabajo se presenta en constante movimiento, lo que lleva aparejadas incesantes modificaciones que son impuestas por la realidad actual. En el contexto que nos toca vivir, ante la situación de emergencia sanitaria y la crisis económica que atraviesa nuestro país, hemos transitado, desde lo laboral, legislación que se ha caracterizado, en algunas oportunidades, como nuevos paradigmas, pero que en la realidad no han tenido el resultado positivo que se pretendía, y para lo que falta mucho camino por recorrer.

-¿Usted quiere decir que estos cambios no son suficientes?

-Quiero decir que las normas no alcanzan si no se acomodan a los tiempos reales y si no van de la mano de políticas públicas que puedan hacerlas efectivas. Los cambios legislativos de manera aislada, sin una política de Estado seria, consensuada, debatida, interactuada con todos los sectores involucrados, muchas veces terminan en letra muerta. En el caso concreto de las normas dictadas en materia laboral, la práctica y el tiempo transcurrido han demostrado que no dieron el resultado esperado. Esto ocurre, no sólo con la obligación fijada a los empleadores a abonar la doble indemnización (hoy con tope) ante los despidos sin invocación de causa, sino también en materia de prohibición de despidos directos. En ambos supuestos, la protección que se pretendió brindar al trabajador no resultó suficiente, porque no se contempló desde la realidad sobre la cual se legisló. Lo mismo sucede frente a todos los cambios legislativos en materia de riesgos del trabajo y ante la obligatoriedad del paso por las comisiones médicas a aquellos trabajadores que han sufrido un accidente o enfermedad profesional. Si además de imposiciones legislativas, necesarias en contexto de pandemia, se implementaran en paralelo políticas públicas de generación de empleo genuino, las medidas transitorias cumplirían su esencia de temporalidad y protección ante una situación de emergencia puntual, para dar paso luego a la resolución de fondo del problema.

-¿Cuáles son las nuevas formas de trabajo que se observan?

-La pandemia aceleró la implementación de nuevas modalidades laborales, entre ellas, el teletrabajo. Esto impuso el dictado de leyes protectorias y regulatorias de las nuevas situaciones que se planteaban, las cuales deberán acomodarse a los cambios, a fin de lograr una regulación suficiente y acorde a la realidad de nuestro país. Por otro lado, la forma de contratación y el concepto de trabajo han variado frente a la robotización, la inteligencia artificial y la virtualidad, entre otros cambios, ocasionando la sustitución o desaparición de determinados oficios laborales, lo cual obliga al Estado y a todos los actores involucrados -empleadores, sindicatos, ONG, etcétera- a implementar urgentemente mecanismos de reconversión laboral y capacitación, a fin de dar contención y respuesta ante estos puestos de trabajo que desaparecen y los nuevos que surgen o se incrementan.

-¿Es esperable que muchas de esas nuevas alternativas permanezcan, más allá de la pandemia?

-La mayoría de los cambios vinieron para quedarse, por lo que, necesariamente, con el tiempo, se ajustarán algunas cuestiones en materia de regulación laboral, siendo misión de los legisladores y el Estado mantener en los hechos el principio protectorio, base del derecho del trabajo, que se debe actualizar, más no desaparecer o disminuir, como surge en algunas ideas precarizadoras y retrógradas respecto del trabajo humano.

-¿Hubo cambios significativos en la provincia?

-Puntualmente en materia laboral comenzó a regir recientemente la reforma procesal laboral a la Ley 7987, de procedimiento de la justicia del trabajo, implementada con el objetivo, entre otros, de agilizar el servicio, disminuir la formalidad de los procesos y lograr un acceso igualitario y efectivo a la justicia. Esto último va a ser de difícil cumplimiento, si a la par de esta reforma no se implementan otras en lo que respecta a procesos ordinarios, ya que las nuevas disposiciones laborales están pensadas para determinadas situaciones en las que no se contemplan, por ejemplo, los conflictos surgidos por relaciones laborales no registradas. Así como se ha planteado la reforma el trabajador “en negro” no puede gozar de los beneficios de esta “justicia exprés”, lo cual muestra una desigualdad procesal para quienes mayor desprotección poseen, que ronda el 40% del mercado de trabajo. En muchos otros aspectos, esa legislación es positiva y seguramente, con el aporte del presupuesto necesario y personal suficiente, podremos entre todos avanzar constructivamente en pos de los objetivos planteados.

Las normas no alcanzan si no se acomodan a los tiempos reales y si no van de la mano de políticas públicas que puedan hacerlas efectivas

-Frente a este panorama, ¿cómo ve la situación laboral en Río Cuarto?

-Nuestra ciudad no es ajena a toda la problemática, mucho más si tenemos presentes estadísticas, como la publicada en el mes de marzo de 2018 por este medio, que concluía con un 44,8% de empleo en negro, considerando a Río Cuarto como una de las ciudades que lideraba el ranking del empleo no registrado o deficientemente registrado en el país. Si bien este porcentual luego baja mínimamente respecto al primer trimestre de 2018 al 39,9% y en el año 2020 al 37,9%, conforme publicaciones de Puntal, la estadística sigue siendo muy alta y oscila hoy en el 40%. Esto, sumado a la pérdida de empleos en este contexto de pandemia y la profunda crisis económica, obliga a la articulación de políticas con los sectores empresariales y sindicatos, entre otros, por las que se incentive la producción y la generación de empleo genuino. Es importante la ayuda recibida de la Nación y de la Provincia en este sentido, pero es urgente que, a la par, Río Cuarto marque su propia impronta y sume, a lo que ya se viene realizando, acciones de profunda gestión, a fin de poder avanzar en un camino seguro por el que se logren las soluciones definitivas que todos los riocuartenses estamos necesitando.

-¿Lo más preocupante pasa por la caída en la cantidad de puestos de trabajo?

-El sistema como se presenta desde hace un tiempo, y mucho más en este contexto, excluye cada vez más a trabajadores de sus empleos, transforma a los formales en informales y a estos últimos en pobres o indigentes. Estamos en un grave problema de precariedad laboral y con índices extremos y ante esto no se vislumbra que las políticas de Estado atiendan suficientemente las circunstancias, pese a las ayudas implementadas, que son claramente soluciones paliativas y no definitivas, ni de fondo. Esa es una asignatura pendiente del Estado en sus tres niveles. La urgencia ante la falta de empleo y la pobreza ameritan otro nivel más vigoroso de compromiso ante los más necesitados, los excluidos y los descartados.

-¿Es posible una reforma laboral que posibilite la contratación sin vulnerar derechos?

-Toda reforma laboral debe instrumentarse en ese sentido. Se necesita en nuestro país una reforma laboral integral, consensuada, pensada a futuro, protectoria y no precarizada. Es falsa la premisa de que a mayor protección mayor desocupación. Al lado de esta reforma normativa debe necesariamente avanzarse en la construcción de políticas de empleo genuino, garantizando al mismo tiempo la seguridad jurídica necesaria para lograr la confianza que se ha perdido. Hay que construir desde abajo.