Con motivo de las críticas dirigidas al Gobierno Nacional por el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 54/17, el Poder Ejecutivo convocó por “otro” DNU, el 91/17, al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias a fin de tratar “ahora” el proyecto de reforma del Sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo que ya cuenta, desde el 21 de diciembre del año pasado, con la aprobación del Senado, lo cual evidencia que para el caso no se daba el presupuesto de “necesidad” ni de “urgencia”.
En medio de la controversia que suscitó la vigencia y aplicación de las disposiciones del DNU 54/17, sorpresivamente el Gobierno Nacional decide que continúe con el proceso legislativo que había truncado innecesariamente.
Más allá de las objeciones constitucionales que presentan tanto el DNU 54/17 como el proyecto de reforma introducido en diciembre del año pasado, lo cierto es que ahora se avanza en el tema en el marco del Estado de Dere-cho y el respeto a la división de poderes.
Ahora bien, me pregunto: ¿era necesario someter a este manoseo un tema tan delicado como lo es el Sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el cual están en juego no sólo la salud del trabajador y los costos de las empresas sino también la seguridad jurídica?. Toda modificación normativa inevitablemente entraña un período de incertidumbre hasta que los operadores jurídicos se acomoden a sus disposiciones; por ello resulta desconcertante el menosprecio hacia la seguridad jurídica que implican las idas y vueltas en torno del tema, cuando el Poder Ejecutivo se en-cuentra constitucionalmente compelido a afianzar la justicia.
Este desprolijo manejo, sumado a decretos insuficientes y hasta mal redactados, acrecientan la incertidumbre y con ello la inseguridad jurídica, y lo paradojal es que contribuyen a aumentar la litigiosidad (dificultades interpretativas, planteos de inconstitucionalidades, etc.), que es lo que supuestamente se busca combatir.
Ahora bien, “se abre el debate”, que ya tiene fecha de cierre, por lo cual parecería que el debate no será en su esencia lo que debería ser.
En ese marco se está manejando un tema tan sensible como el que nos convoca, poniendo en vilo a todos los sectores involucrados, incentivando e incrementando la litigiosidad que debe ser reducida pero con mecanismos serios y atacando el problema en su causa, no en su efecto. Se debe dar un marco de protección al trabajador desde la prevención, evitar así el aumento de la siniestralidad, velar por un sistema de reparación justo, digno y serio, y dar contención también al resto de los actores involucrados, generando certidumbre en los empleadores respecto del funcionamiento del sistema e incrementos de alícuotas.
Que el sistema de Riesgos del Traba-jo ha sufrido y sufre permanentes modificaciones no es novedad. Tampo-co lo es que el principal argumento para querer modificar la ley que regula este sistema es “evitar la litigiosidad”: este argumento ya lo hemos escuchado en el discurso del 3 de septiembre de 2012, en la comida anual de la Unión Industrial Argen-tina, donde la en-tonces Presidenta de la República anunció que estaba enviando al Congreso un proyecto de ley modificatorio de la Ley de Riesgos del Trabajo (lo que se convirtió en la Ley 26773, modificatoria de la Ley 24557), con el propósito de terminar con la industria del juicio, grosero e injusto este agravio a los abogados. Algo coincidente con los reproches que desde el poder se hacían en los años 90 y que son tomados literalmente por nuestro actual Presidente, los que por otra parte nadie nunca ha tratado de explicar ni, menos aún, justificar.
Lo cierto es que el sistema ha sido objeto de varias reformas pero el aumento de la litigosidad, generado principalmente por sus falencias, no se ha evitado. A ello se suman ahora nuevamente la incertidumbre jurídica, las idas y vueltas, la prueba y error, como siempre, eso tampoco es novedad. Sin embargo, volvemos al debate y al análisis parlamentario de la temática, con la expectativa de que ahora puedan escucharse todas las voces, académicos, expertos en la materia, legisladores, gremialistas, sector empresarial, etc. Sólo debatiendo, escuchando las diferencias desde el respeto, incorporando a “los que saben”, se construye el Estado de Derecho y con la esperanza de que “todo cambie”, pero que realmente cambie.
Entramos ahora en el análisis de forma y de fondo de la cuestión. Deberá velarse por un sistema justo para todos los sectores, que brinde la seguridad jurídica necesaria para que podamos caminar hacia un futuro cierto y previsible.
Por Cristina Azócar, Abogada laboralista.